El último medio siglo ha sido un período de amplias mejoras en los
derechos de las mujeres en Latinoamérica, aunque los avances son
dispares y todavía hay mucho por hacer. La región sin embargo, se ubica
entre las que lograron reducir en un 50% las restricciones legales para
acceder a derechos de propiedad o emprender actos legales.
En todo el mundo, las mujeres realizan el 66% del trabajo, producen
el 50% de los alimentos, pero reciben a cambio solo el 10% de los
ingresos y poseen solo el 1% de las propiedades. Así lo asegura el
informe "Mujer, empresa y derecho" elaborado por el Banco Mundial (BM) y
publicado esta semana, en el que se midió la diferenciación entre
mujeres y hombres establecida por las leyes, las regulaciones y las
instituciones de los distintos países y que repercuten en los incentivos
de la mujer para trabajar o para constituir y administrar su propia
empresa.
El informe del BM analiza las diferencias legales basadas en el
género observadas en 143 economías bajo seis distintos aspectos: el
acceso a las instituciones, el uso de la propiedad, la búsqueda de
empleo, el manejo de los impuestos, la capacidad crediticia y la
presencia en los tribunales.
Consultada por Infobae sobre los resultados del informe del Banco
Mundial, la directora de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe,
Moni Pizani, se refirió a los desafíos planteados para la región.
"El mayor reto es que los avances en la legislación tengan un
impacto real sobre la vida de las mujeres combatiendo la discriminación
que todavía existe de facto", explicó Pizani.
Además, agregó que no solo hay que introducir la perspectiva de
igualdad de género en las políticas correspondientes, sino también
utilizar acciones positivas para acelerar en aquellas áreas donde los
indicadores señalan rezagos.
Sin embargo y a pesar de las cuentas pendientes, existe un amplio
consenso en torno a la necesidad de incorporar a la mujer al mercado de
trabajo bajo las mismas condiciones que los hombres. "Hay un
reconocimiento generalizado de que el empoderamiento económico de la
mujer es crucial para la competitividad y la prosperidad", aseguró
Augusto López Claros, director de Indicadores y Análisis Mundiales del
Grupo del Banco Mundial a la prensa.
El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se expresó ante los
medios en la misma sintonía: "El ideal de igualdad ante la ley e
igualdad de oportunidades económicas no representa sólo una política
social acertada, sino también una política económica inteligente". Sin
embargo, Kim aclaró que aún "hay mucho por hacer".
Por otra parte, el informe también se ocupó de la recopilación de
datos sobre la existencia y el alcance de leyes vinculadas a dos formas
de violencia contra la mujer: el acoso sexual y la violencia doméstica.
Infobae habló con el equipo del Banco Mundial encargado de la
elaboración del informe, que detalló que son doce los países de
Latinoamérica que poseen leyes que contemplan los abusos hacia las
mujeres en sentido amplio: físico, emocional, sexual y psicológico.
Estos son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela
Los índices de Latinoamérica
Durante los últimos 50 años, las economías de Latinoamérica, el
Caribe, y la África Sub-Sahariana son de las que más han reformado sus
índices y el acceso a las instituciones en las áreas de negocios y
leyes. En este período, se han destacado en sus reformas Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay. Abajo pueden leerse algunos
ejemplos:
Argentina
Solo hasta el año 1968 las mujeres casadas en Argentina no podían
ser jefas de hogar, ni abrir una cuenta bancaria, ni iniciar
procedimientos legales sin autorización de su marido.
Brasil
Hasta 1988 en Brasil los hombres casados eran los jefes de hogar,
con la exclusiva capacidad de representar a la familia, elegir el
domicilio familiar y administrar los bienes maritales y los de sus
esposas. Desde entonces, las mujeres han logrado igualdad derechos en
estas áreas.
Paraguay
La Constitución paraguaya de 1967 introdujo la garantía de igualdad
de género. Veinte años después, las mujeres casadas lograron el derecho
de ser la cabeza del hogar en las mismas condiciones que los hombres,
abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato e iniciar acciones legales
sin el permiso de sus maridos. En 1992, se ampliaron las posibilidades
legales de las mujeres casadas hasta incluir el derecho a aceptar un
trabajo o ejercer su profesión por su cuenta.
Bolivia
En Bolivia es solo desde 1975 que las mujeres casadas tienen
derecho a iniciar acciones legales sin el consentimiento de su marido.
En 1988 autonomía legal de las mujeres se expandió hasta tener la
posibilidad de aceptar un trabajo sin el permiso de los hombres y les
fueron concedidos los mismos derechos de propiedad. En 1994 la
constitución boliviana introdujo la igualdad ante la ley, y fue
reconocida la ley consuetudinaria, otorgando a los hombres la
prerrogativa a “oponerse” a que sus esposas trabajen y a “impedirles
aceptar un empleo”. En 2009 fue introducido el género como una categoría
protegida a la norma constitucional de no discriminación.
Los últimos dos años además fueron introducidas las siguientes reformas:
- Jamaica aprobó una enmienda constitucional que añadir una
cláusula de igualdad de género y una cláusula de no discriminación de
género como una categoría protegida.
-Chile introdujo la licencia por maternidad.
-Colombia y Venezuela aumentaron la cantidad de días de la licencia
por maternidad, mientras que Bolivia y México introdujeron una licencia
por paternidad remunerado. México por su parte incorporó una
legislación que prohibe los despidos durante el embarazo.
A pesar de estos grandes avances en materia de paridad de los
géneros, existen todavía restricciones legales que impiden a las mujeres
desarrollar plenamente su potencial económico. En Chile por ejemplo, el
Código Civil establece por default un régimen de bienes gananciales que
concede a los esposos derechos administrativos sobre la propiedad de
las esposas.
En la mitad de las economías medidas por el informe, las mujeres
están restringidas para desarrollar los mismos empleos que los hombres.
Por ejemplo en Ecuador, las mujeres no pueden trabajar en minas ni en
ningún otro empleo que requiera el empleo de la fuerza.


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